Cuando han transcurrido más de 7 meses desde que se declaró el Estado de Alarma para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 nos enfrentamos a una segunda ola de la pandemia sin haber sido capaces de impulsar sencillas pero eficaces medidas que hubieran fortalecido la eficacia de las políticas de salud pública, tan necesarias en estas circunstancias, como la capacidad asistencial de un Sistema Nacional de Salud sometido a una enorme tensión.

En este contexto, cuando los índices de contagiados y el número de fallecidos vuelven a estar en aumento, es el momento de preguntarse –y de preguntar a las autoridades sanitarias, tanto nacionales como autonómicas- por qué no se ha recurrido a la red de 22.102 farmacias que hay en España y a los 54.000 farmacéuticos que desarrollan su labor en ellas para avanzar en materia de salud pública y servicios asistenciales. Más aún cuando el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción aprobado por el Pleno de Congreso de los Diputados por un amplio consenso marca ese camino, y el propio Ministro de Sanidad ha reconocido que la farmacia “es un servicio más relevante de lo que hasta ahora se ha transmitido” y que se está trabajando "para sacar más provecho a las farmacias”, como importante activo de nuestro Sistema de Salud

Pero las noticias de estos días nos dejan una evidencia. Ya no es el momento de las palabras, es la hora de los hechos. Y las autoridades saben que pueden contar con la farmacia. La vocación de servicio forma parte de nuestra ADN, y lo hemos demostrado desde el minuto cero. Tanto las Comunidades Autónomas como el Ministerio de Sanidad conocen las propuestas concretas de la Profesión Farmacéutica.

Recientemente hicimos público un manifiesto urgente en el que, en cinco puntos concretos, reiterábamos esas iniciativas que, si los responsables sanitarios nos respaldan, estamos dispuestos a desarrollar. Por tanto, sólo se precisa de voluntad política para que la sociedad tenga mayor atención sanitaria contando con un eficaz recurso asistencial como es la red de farmacias y los farmacéuticos.

El primer punto es desarrollar una Estrategia de Salud Pública en cada una de las Comunidades Autónomas, donde la red de farmacias sea un agente sanitario activo de primer orden, en colaboración y coordinación con las autoridades sanitarias competentes, con otras profesiones sanitarias y con las organizaciones de pacientes, como ya se está haciendo en otros países de nuestro entorno.

Otro punto es la participación de las farmacias en las estrategias y programas de cribado, prevención y detección precoz de casos de COVID-19 garantizando la equidad y su accesibilidad a toda la población, con los protocolos ya presentados ante el Ministerio y las Comunidades Autónomas o con aquellos que se determinen.

El tercer punto es la implicación de las farmacias en la disponibilidad y realización de test rápidos para los ciudadanos con protocolos de actuación definidos por las autoridades sanitarias.

El cuarto es asegurar la mayor accesibilidad posible a la futura vacuna de la COVID-19 y a la vacuna contra la gripe a toda la población a través de las farmacias, incluso mediante la aplicación de la vacunación, con la adecuada formación y con los correspondientes protocolos de actuación definidos por las autoridades sanitarias, como ya se hace otros países de nuestro entorno. También, sería garantizar de existencias suficientes de vacunas contra la gripe a disposición de los ciudadanos en la red de Farmacias.

Y el quinto y último punto es la coordinación de la red de farmacias con los centros de Atención Primaria para aumentar su capacidad asistencial sobre determinadas actuaciones protocolizadas, contribuyendo a la descongestión de las consultas y derivando a los pacientes en los casos necesarios.

Cinco puntos que resumen la actitud constructiva de la Organización Farmacéutica Colegial. Ofrecemos soluciones para las que, además, no existen obstáculos legales que impidan su puesta en marcha. En definitiva, queda claro el rotundo compromiso y disposición de los farmacéuticos a colaborar al máximo con las Administraciones y con otros profesionales sanitarios en una mejor protección de la salud y el bienestar de todos los ciudadanos.